Por Paola Miyagusuku*

El Congreso peruano aprobó a fines de enero el ingreso de fuerzas militares extranjeras al territorio peruano a lo largo del 2015. Se destacan en la resolución legislativa la llegada de tres contingentes estadounidenses para entrenamiento y visitas oficiales de acuerdo al Programa de Actividades Operacionales de las Fuerzas Armadas. Además, entre enero y febrero, el Ministerio de Defensa autorizó, por períodos más breves y frecuentes, el ingreso de personal estadounidense para trabajar con el Comando de Inteligencia y el Comando de Operaciones Especiales del Comando Conjunto, principalmente en el Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

La ampliación de la presencia militar estadounidense en la región ha generado múltiples interrogantes, en un contexto de fuerte conflictividad social interna y la amenaza que se desprende de la posición estratégica de Perú en la región. ¿Cuáles son los motivos reales de la actual militarización y cuáles serán sus implicancias a mediano plazo?

imagen nota perú 4Estados Unidos cuenta con bases aéreas y navales, abastecimientos de flota y personal militar en diversas regiones del país, con énfasis en la zona del VRAEM donde se concentran los últimos remanentes de Sendero Luminoso y el narcotráfico, su principal fuente de financiamiento. Es preciso destacar, en esta instancia, que lo que se ha catalogado como “narcoterrorismo” incluye los vínculos entre las mafias del narcotráfico y los grupos insurgentes. En el caso del senderismo, sus principales actividades son la seguridad en traslado de cargas e insumos y, en menor medida, el cultivo, procesamiento y comercialización de cocaína.

La cooperación militar se fundamenta en las políticas antinarcóticos y antisubversivas de Estados Unidos, ratificada tras el Tratado de Libre Comercio de 2006; sin embargo, mientras que los senderistas sólo protegen el 30% de la salida de la droga y las redes de narcocorrupción alcanzan a autoridades políticas, grandes empresarios y fuerzas armadas más allá del VRAEM, la creciente militarización resulta ser ineficiente en tanto las comunidades dedicadas al cultivo ilegal de hoja de coca se hallan empobrecidas y amenazadas frente a la alta demanda internacional de droga ilícita. En efecto, la presencia del Estado en el VRAEM ha sido débil, con índices de pobreza que han alcanzado el 76.1%.

Entonces, ¿cómo puede explicarse el reforzamiento militar del territorio peruano? Las sospechas recaen en la actual situación de convulsión social con más de 200 conflictos activos, de los cuales el 66,8% involucra problemáticas socio ambientales en contra de proyectos extractivos

Entonces, ¿cómo puede explicarse el reforzamiento militar del territorio peruano? Las sospechas recaen en la actual situación de convulsión social con más de 200 conflictos activos, de los cuales el 66.8% involucra problemáticas socio ambientales en contra de proyectos extractivos, según datos del Reporte de conflictos sociales Nº 134 de la Defensoría del Pueblo, con fecha en abril de este año.

El gobierno de Ollanta Humala ha ocasionado hasta la fecha más de 50 muertes por conflictos sociales y, pese a ello, las reformas económicas de flexibilización de inversión extranjera, la disminución del control / fiscalización medioambiental y la mayor represión estatal de las protestas se han mantenido inalteradas. Evidencia de estas prácticas es la regulación de la Ley Nº 30151 que establece la exención de responsabilidad penal de “el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte”.

La posibilidad de intervención militar estadounidense para aplacar las continuas manifestaciones se ha acrecentado en los meses de este último año de gobierno, lejos de las denuncias en 2008 del actual presidente contra las bases militares.

[Estados Unidos tiene una] doble estrategia geopolítica: reforzar la presencia en la zona del Asia – Pacífico para contener el avance de China, por un lado, y por el otro, mantener cierta injerencia sobre los países progresistas con quienes guarda distancias políticas, económicas y diplomáticas (Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina y Uruguay).

El giro político de Humala se torna altamente sensible para la región. La expansión estadounidense en Sudamérica a través de la creciente militarización en territorio peruano, en parte debido a la pérdida de la base militar en Manta (Ecuador), expone el particular interés del Comando Sur y el Departamento de Defensa de Estados Unidos en la zona del Pacífico y los Andes -en paralelo al control ejercido en Centroamérica y el Caribe- en una doble estrategia geopolítica: reforzar la presencia en la zona del Asia – Pacífico para contener el avance de China, por un lado, y por el otro, mantener cierta injerencia sobre los países progresistas con quienes guarda distancias políticas, económicas y diplomáticas (Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina y Uruguay).

El reposicionamiento territorial, aparte de posibilitar la intervención autónoma de fuerzas militares armadas, focaliza una serie de estrategias para desestabilizar gobiernos a través de golpes blandos (…) y acelera procesos existentes o latentes de convulsión social

Este último punto ya había sido objeto de preocupación de UNASUR cuando, en marzo del presente año, su secretario general Ernesto Samper proponía la eliminación de las bases militares en América Latina.
Por esta razón, son altas las suspicacias en torno al arribo del portaviones USS George Washington -tercer contingente estadounidense a territorio peruano- programado para el 1 de septiembre, puesto que se trataría de un buque fuertemente armado que cuenta con 3200 militares, equipos de radares, 90 aeronaves y helicópteros. Si bien la resolución legislativa estipula su estadía por 6 días en el puerto de Callao, para Ricardo Soberón Garrido, especialista en políticas de control de drogas, seguridad y fronteras, “la cercana presencia de este inmenso buque en aguas sudamericanas tiene directa relación con las facultades que tienen [el Comando Sur y el Departamento de Defensa de EE.UU.] para -llegado el caso- intervenir militarmente de forma autónoma, en una serie de escenarios de convulsión socio política: golpes militares, intervenciones puntuales, amenazas, etc.” (Soberón, Ricardo, 11 de marzo de 2015).

Retomando el cuestionamiento inicial, ¿cuáles serían las implicancias a mediano plazo de la ampliación militar estadounidense en Perú para la región? El reposicionamiento territorial, aparte de posibilitar la intervención autónoma de fuerzas militares armadas, focaliza una serie de estrategias para desestabilizar gobiernos a través de golpes blandos (control de los mercados financieros, tecnologías y armamento; manipulación de los medios de comunicación; apropiación y restricción de los recursos naturales; intermediación de organismos de cooperación; financiamiento a grupos insurgentes y opositores, entre otras) y acelera procesos existentes o latentes de convulsión social. Este abanico de estrategias no es novedad en la región; las cartas están echadas para América Latina.

* Historiadora del arte, Maestranda en Estudios Sociales Latinoamericanos (UBA), miyagusuku.p@gmail.com

Artículo publicado en Cuadernos de Coyuntura

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